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Román Rodríguez

El rechazo a las prospecciones petrolíferas de Repsol en aguas cercanas a Canarias supuso la mayor movilización ciudadana de las últimas décadas. En las calles de todas las islas y en el conjunto de las instituciones, desde los ayuntamientos y cabildos al Gobierno y el Parlamento de Canarias, el pronunciamiento fue rotundo en defensa del medioambiente y de repulsa a la imposición del Ejecutivo de Rajoy, impulsada con entusiasmo por el entonces ministro Soria.

Aquella movilización unitaria mostró la conciencia medioambientalista de la sociedad canaria, con antecedentes como los de la lucha en defensa de El Rincón o de Veneguera. Aunando la defensa consecuente de la naturaleza y el medioambiente con la exigencia de la capacidad para decidir sobre aspectos que comprometían el presente y el futuro de esta tierra, así como la apuesta por las energías renovables para las que tantas condiciones tiene el Archipiélago.

Ahora, el asunto vuelve a tomar actualidad con la adjudicación por el reino de Marruecos a la empresa italiana ENI de una concesión para realizar prospecciones petrolíferas en aguas cercanas a Canarias. Marruecos lleva décadas llevando a cabo distintas prospecciones sin que, hasta el momento, haya encontrado petróleo que por su cantidad y calidad merezca ser explotado.

En esta ocasión la zona elegida –un total de casi 24.000 kilómetros cuadrados y a una profundidad que llega a alcanzar los mil metros- se encuentra en la cuenca de Tarfaya, próxima a las islas de Lanzarote y de Fuerteventura, bastante cercana al lugar donde Repsol efectuó prospecciones en los años 2014 y 2015. Como en el caso anterior, Canarias podría verse afectada –al igual que Marruecos y Mauritania- en el caso de un vertido en la fase de prospección.

Las consecuencias de un accidente podrían afectar al medio marino, a la pesca, a la desalación de agua y a la propia industria turística que genera la mayor parte del PIB y del empleo canario.

 

Similitudes y diferencias

Pese a las similitudes con el caso Repsol, tenemos una diferencia muy importante: en aquellas prospecciones era España, su Gobierno, quien las autorizaba e impulsaba. Por cierto, al mismo tiempo que las desaconsejaba en el Mediterráneo, en aguas próximas a Baleares y a la Comunidad Valenciana, entonces gobernadas por el PP.

Recuerden al respecto las muy ecológicas declaraciones del hoy eurodiputado Esteban González Pons en el Congreso de los Diputados, quien aseguraba que “el petróleo es una energía antigua, sucia y a extinguir. Estamos en el tiempo, no ya del oro negro, sino del oro verde”. Y concluyendo que “turísticamente produce un daño absolutamente irreparable”.

En éstas, por el contrario, se trata de otro Estado con el que España y la UE mantiene buenas relaciones, y que es soberano en la toma de decisiones. Un Estado que lleva cuatro décadas incumpliendo la legalidad internacional, impidiendo que se lleve a cabo el referéndum de autodeterminación del Sáhara, tal y como exigen las resoluciones de Naciones Unidas.

Las circunstancias son, por tanto, muy distintas. El Gobierno español que, en contra de la opinión de la inmensa mayoría de ciudadanos y ciudadanas de Canarias, así como de la práctica totalidad de sus instituciones, impulsó las prospecciones en aguas cercanas a la concesión marroquí, difícilmente puede oponerse a las mismas, salvo en un ejercicio de enorme cinismo. Por estar de acuerdo, entonces y ahora, con explorar si hay petróleo en esa área geográfica. Y por el hecho de que negarle la posibilidad a Marruecos supondría la injerencia en otro estado soberano.

Eso sí, el Estado español y su Gobierno están obligados a recabar de su amigo marroquí toda la información pertinente sobre el proceso en marcha, dado que la comunidad canaria puede verse gravemente afectada por el mismo. En primer lugar averiguando si se cumple o no con la legislación internacional.

 

Impacto ambiental

También debe informarse en torno a los estudios sobre impacto ambiental de las mismas y el operativo que el país autorizante tiene previsto en caso de que en las prospecciones se produzca un derrame de crudo al mar. Asimismo, tratar de influir para que se apliquen en la zona los máximos niveles de seguridad en este tipo de exploraciones.

Parece diáfano que existe un amplio abanico de actuaciones entre tratar de prohibirlas, lo que parece imposible, y no hacer nada, lo que resultaría claramente irresponsable. Postura esta última que deja completamente desguarnecida a Canarias, su economía, su medioambiente y su gente. Para ello, no cabe otra vía que la de la negociación y la persuasión por parte de España y de la Unión Europea, como ya sucedió en su momento con el intento de instalar una central nuclear en Tan Tan.

Por otra parte, me parece de gran interés la propuesta planteada por Ben Magec-Ecologistas en Acción de buscar una protección integral de la zona mediante acuerdos que garanticen su preservación como una reserva ambiental internacional, protegida de proyectos de prospección y explotación como los que Marruecos está poniendo en marcha y como los que España impulsó decididamente no hace tanto. Desde Nueva Canarias apoyamos esa propuesta y llamamos a las instituciones canarias y estatales a secundarla.

Nos deben mover las mismas razones que impulsaron la pacífica batalla contra las prospecciones de Repsol a partir de 2012: el elevado riesgo para el medio marino, las costas y el sector turístico. El Gobierno de España debe implicarse. Así como el de Canarias, que debe aprovechar su temporal Presidencia de las Regiones Ultraperiféricas (RUP) para interesar y sensibilizar a la Unión Europea.

Román Rodríguez es portavoz parlamentario y presidente de Nueva Canarias.

 
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