Román Rodríguez

La dinámica de culpar al Estado de todos los males de Canarias no sirve, es poco autocrítica y elude las responsabilidades propias. Hay que ser contundentes cuando se produce un trato injusto del Gobierno central, pero sin esconder nunca las decisiones erróneas que se producen en las Islas. En el caso de los presupuestos de la comunidad canaria para 2019 es el Gobierno canario el que, con sus desequilibradas e injustas rebajas fiscales, impide contar con más dinero para la sanidad, la educación y la lucha contra la pobreza. Circunstancia más grave aún en una comunidad con profundas desigualdades sociales y servicios públicos deteriorados por la austeridad y los recortes.

Se trata de un presupuesto que estima un crecimiento del PIB de Canarias del 1,9%, inferior, por tanto, a los aumentos de 2018 (2,4%), dato aún por confirmar, o 2017 (2,9%), este último ya definitivo. En todos estos años por debajo del PIB español. Lo que hace que Canarias se aleje cada vez más de la convergencia en riqueza con el Estado. En el año 2000, el PIB per cápita canario suponía el 97,7% del estatal. En 2016 era del 82,3%. En 2017, del 81,7%. Retrocedemos claramente. Se repetirá ese retroceso en 2018 y en 2019, donde nos situaremos en torno al 80%. Con el agravante de que se reparte mucho peor la riqueza generada: tenemos los peores datos de pobreza y de exclusión social.

Además, nuestra economía no se diversifica lo más mínimo. Por el contrario, aumenta el peso en la misma del binomio construcción-turismo, y no se ha logrado elevar la participación de otros sectores, como el industrial y el primario.

Por otra parte, es cierto que la regla de gasto impide utilizar un superávit de 107 millones de euros (muy lejos de los 230 millones de euros que publicita el Gobierno canario). Por ello, hemos presentado enmiendas en el Congreso de los Diputados para modificarla y que corporaciones locales y comunidades autónomas puedan utilizar su superávit. Pero esta cifra, con ser importante, no pueda tapar que las rebajas fiscales del Ejecutivo de CC ascienden a 149 millones de euros, muy por encima de los 107 millones de euros de superávit. Es decir, que el Gobierno canario y sus apoyos parlamentarios -CC, PP y ASG- se niegan a inyectar 149 millones a los servicios públicos, pese a su deterioro y necesidades y el impacto que ello tiene en la calidad de vida de la población.

Presupuestos estatales

Son justamente los ingresos devenidos de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017 y 2018 los que posibilitan lo sustancial del incremento en las cuentas públicas canarias. Unos PGE en los que el diputado 176, Pedro Quevedo, de Nueva Canarias, fue la llave para su aprobación y en los que NC contribuyó decididamente para que Canarias, con la desvinculación de los ingresos del REF de los correspondientes a la financiación autonómica y la recuperación de convenios, disponga hoy de muchos más recursos.

Solo del Fondo de Competitividad, Canarias recibirá el próximo año 598 millones de euros más que en 2016, a los que se suman cerca de 500 millones de euros correspondientes a convenios con el Estado y otras transferencias relevantes.  Sin olvidar los 30 millones de euros para combatir la pobreza que Nueva Canarias logró en los Presupuestos Generales del Estado de 2018 y que deben ser incorporados al presupuesto canario del 2019.

Pero, como señalaba, son las rebajas fiscales las que impiden tener un buen presupuesto, que responda a las necesidades de esta tierra y de su gente. Por supuesto que hay algunas medidas que compartimos, como las deducciones en el IRPF a las familias numerosas o con personas con discapacidad. También la reducción al 0% del IGIC para panes especiales, pastas y aceites así como la tarifa plana para los autónomos.

Pero otras son injustificables. Son las que, por el volumen de lo que se deja de recaudar, dañan más a las cuentas públicas. Me refiero a la rebaja del IGIC del 7% al 6,5%. A la bajada del tramo autonómico del IRPF que beneficia fundamentalmente a las rentas medias y altas. Y, especialmente, a la que afecta al consumo eléctrico que pasa a estar exento (frente al 21% de IVA que se aplica en el resto de España), que no penaliza los consumos excesivos, no discrimina entre consumos domésticos y empresas y, tampoco, entre pymes y grandes empresas.

Esto choca frontalmente con la fiscalidad medioambiental de la UE que busca incentivar el ahorro energético y que castiga los consumos excesivos. El ahorro por consumidor abonado es, además, mínimo, unos 10,3 euros anuales. Sin embargo, supone perder 12,3 millones de euros a la comunidad canaria.

Fiscalidad progresiva

Nuestro planteamiento es bien distinto. Somos partidarios de una fiscalidad progresiva sostenida en que paguen más los que más tienen y que paguen los que no pagan (fraude fiscal). Por tanto, somos contrarios a una rebaja lineal de los tipos del IGIC y a una rebaja general del tramo autonómico del IRPF, que no discrimina. Apoyamos, eso sí, reducciones de la carga fiscal vía deducciones o reducción de tipos para rentas bajas y consumos de primera necesidad; lo que debe ir acompañado de exigencia de un mayor esfuerzo fiscal a los más pudientes, a una mayor tributación de los consumos suntuarios y a la búsqueda de nuevos ingresos que no dañen a las clases medias y a los sectores de menos ingresos.

Planteamos, por tanto, la recuperación parcial del impuesto de Donaciones y Sucesiones, con carácter progresivo, bonificando al 99% a las herencias inferiores a 300.000 euros y que luego esta bonificación se vaya reduciendo a medida que crece el importe de la herencia recibida, siendo cero para los grandes patrimonios. Estimamos una recaudación de unos 30 millones de euros. Proponemos, además, elevar los tipos incrementados del IGIC del 9,5 al 11% y del 13,5 al 15%. Supone una recaudación adicional de otros 30 millones de euros. Seguimos defendiendo nuestra propuesta de crear un impuesto sobre pernoctaciones turísticas (ecotasa turística). Dependiendo del tipo de gravamen que se imponga por pernoctación y tipo de alojamiento se recaudaría entre 150 millones de euros y 200 millones de euros.

Solo así, disponiendo de más recursos mediante una fiscalidad más progresiva y justa, la comunidad canaria podrá afrontar los grandes retos de la educación, la sanidad, la dependencia o la lucha contra la pobreza, haciendo frente, por tanto, a las enormes desigualdades sociales de nuestra tierra. En un próximo artículo analizaré a qué se destina el gasto en las cuentas públicas canarias para 2019 y, asimismo, a exponer las propuestas de Nueva Canarias en este ámbito.

Román Rodríguez es portavoz parlamentario y presidente de Nueva Canarias.

 

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