Román Rodríguez

El Gobierno canario habla permanentemente de diversificación económica y de construir un nuevo modelo productivo para el Archipiélago. Pero en la práctica, sus decisiones, distan mucho de producir avances en esa dirección. La orientación es la misma de siempre: construcción y turismo. Como muestra, de forma diáfana, el Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan), dotado con 1.600 millones de euros en 10 años, convertido en clientelar, con problemas de ejecución, sin responder a ninguna estrategia de futuro ni entrar en prioridades como las infraestructuras hidráulicas, turísticas o educativas, ni en los servicios públicos. Tampoco contribuyen al cambio de modelo los presupuestos de la comunidad canaria para 2018, como se puede observar en el tratamiento que reciben la I+D+i, la industria y el turismo.

Nos encontramos en un entorno de crecimiento de la economía canaria, gracias al turismo y su capacidad de arrastre. Con los presupuestos más expansivos y los que más crecen en términos absolutos de la historia de Canarias. Sin embargo, el presupuesto de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento -competente en la planificación, dirección y orientación de la política económica, mediante la adopción de medidas de impulso al desarrollo económico- se reduce un 4,20%. Disminuye en valores absolutos y también en su peso específico en el conjunto del presupuesto, pasando del 1,83% en 2017 al 1,58% en 2018. Además, la capacidad de gestión se encuentra bajo mínimos. A septiembre de 2017, tan sólo un 31,12% de presupuesto ejecutado.

También retrocede la Consejería de Agricultura y Aguas y la de Turismo crece tímidamente.

I+D+i
La política de I+D+i se inscribe en la Estrategia de Especialización Inteligente de Canarias 2014-2020, que el Parlamento aprobó en marzo de 2014. Un plan que el Gobierno remitió a la Comisión Europea para poder acceder a los fondos europeos, en el marco de la Estrategia Europa 2020, que apuesta por un “crecimiento inteligente, sostenible e integrador”, siendo la I+D+i uno de sus ejes más importantes. Lejos de crecer, se reducen, como en los últimos años, las partidas públicas. En 2015 había 96,5 millones de euros; en 2016 pasaron a 90 millones de euros, se redujo a 71,4 millones de euros en 2017 (20,6%) y vuelve a bajar a 63,8 millones de euros en 2018. Una reducción de 7,6 millones de euros (10,7%). No se puede decir que sea una prioridad.

Pero es que, además, como hemos venido denunciando los últimos años, no solo se reduce el esfuerzo económico para I+D+i, sino que se lleva a cabo una pésima ejecución. En el año 2014, la ejecución fue del 48,3%; en 2015, del 50,8% y es cierto que mejora en 2016 con una ejecución del 79,5%, según respuesta por escrito del Gobierno a preguntas realizadas por nuestro grupo parlamentario. Pero es aún insuficiente. Una situación que se ejemplifica en el maltrato que recibe en las cuentas públicas de la comunidad de los últimos años el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC). No se aumenta un euro la dotación del centro, manteniendo las dudas sobre su viabilidad.

Industria
La industria, un sector estratégico, se encuentra lejos de alcanzar el 6% del PIB canario en 2020, como plantea la Estrategia de Desarrollo Industrial de Canarias (EDIC). Los presupuestos de 2018 no ayudan a avanzar en ese objetivo, máxime cuando el último informe sobre la EDIC ya alertaba de que la “escasez” de recursos humanos y económicos que padece la Administración autonómica había impedido implementar un número “apreciable” de medidas estratégicas.

El presupuesto en Industria y Energía apenas crece y se estanca en las partidas de apoyo a las pymes industriales y desarrollo artesanal. En cuanto a promoción económica aumenta unos dos millones de euros de los que un millón de euros es para un nuevo proyecto que compartimos, la Estrategia Audiovisual de Canarias.

Otro tanto sucede con la energía, sector en el que Canarias presenta, pese a sus extraordinarias condiciones, un enorme retraso en renovables. Resulta imprescindible disponer de un plan canario de transición energética que apueste por el ahorro, la eficiencia y el autoconsumo, que reduzca la contaminación y abarate la energía para los hogares, las empresas y el sector primario. Además de que abre la posibilidad de crear miles de puestos de trabajo y dotar al principal motor económico de las islas, el turismo, de otro valor añadido. Nada de eso aportan unas cuentas públicas en las que no se apuesta por las renovables.

En relación al turismo, el buen momento económico de los países emisores y la prolongada situación de conflictividad y falta de seguridad en algunos de nuestros más directos competidores, nos llevará este a nuevos récords en visitantes. Pero seguimos sin hacer los deberes para pensar más en calidad que en cantidad y estar preparados para otras situaciones, como las de una recuperación de alguno de los destinos competidores.

Además, una de las tareas fundamentales que competen al Gobierno es la inversión en infraestructuras para la recuperación de las ciudades turísticas. Este capítulo recibe solo 23,2 millones de euros en estos presupuestos, de forma descoordinada, improvisada y clientelar. Cuando en la memoria de evaluación de la Ley 2/2013 de Renovación y Modernización Turística, presentada en el Parlamento en octubre de 2014, se destaca que la inversión pública necesaria para actuaciones expresamente dirigidas a la renovación y mejora del espacio turístico sería de 1.463 millones de euros. A este paso, lo harán en 90 años. Ni se trabaja por la renovación ni tampoco por la regulación del alquiler vacacional.

Por último, en Agricultura y Aguas, pese a la grave crisis del pasado verano con los vertidos al mar de aguas sin depurar -un problema medioambiental, de salud y con repercusiones en nuestro sector turístico-, es nulo el esfuerzo que el Ejecutivo hace en esta materia. Sólo 13,4 millones de euros, reduciéndose nada menos que un 41,2% con relación a 2017, una caída de 9,4 millones de euros.

Con estos datos, con esta orientación de las políticas presupuestarias, resulta imposible modificar nuestro modelo económico. Se pierde otra oportunidad para hacerlo más diversificado, menos dependiente, más competitivo, más sostenible y más internacionalizado. Menos centrado en el binomio de la construcción y el turismo.

Román Rodríguez es portavoz parlamentario y presidente de Nueva Canarias.

 

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