Román Rodríguez

 

El Parlamento de Canarias no escribió el 28 de mayo una de sus mejores páginas. La aprobación de una ley de tan trascendente como la de Renovación y Modernización Turística debió hacerse de otra manera. El empecinamiento del Gobierno y de los grupos que le apoyan se impuso. Pero la Ley nace sin el consenso de los siete cabildos insulares, los ayuntamientos y sectores económicos claves. Sin el apoyo, tampoco, de los partidos de la oposición de la Cámara; incluso con disensiones, expresadas públicamente o en privado, de diputados de CC y PSOE. Al final es la ley turística aprobada con menos consenso en nuestro Parlamento.

 

En primer lugar, ha faltado debate público y participación ciudadana. Contrasta con el que hubo en la elaboración de la Ley de Directrices de Ordenación General y del Turismo, entre los años 2001 y 2003. Además, y como señalamos desde un principio, resulta un procedimiento erróneo elaborar una ley sin una evaluación previa sobre las condiciones y evolución del mercado turístico en la última década. En aspectos tan esenciales como el impacto de las medidas de limitación del crecimiento alojativo y del suelo. Sobre el balance de las actuaciones en materia de renovación. Sobre los cambios en la demanda y en el mercado turístico mundial. Es, en definitiva, una ley elaborada a ciegas.

 

Solicitamos sin éxito, asimismo, que la ocasión fuera aprovechada para unificar toda la legislación existente en materia turística. Con esta serán seis las leyes que afectan al sector. Considerando que un texto único ayuda a evitar contradicciones y, especialmente, a dar las mayores garantías jurídicas a ciudadanos y empresas.

 

Siempre hemos defendido una adecuada regulación del sector turístico, frente a los cantos de sirena desreguladores de los conservadores, los mismos que nos han llevado a graves crisis en el pasado. No solo en el turismo, también a las crisis inmobiliaria y financiera.

 

Lo hacemos por razones medioambientales; por el impacto territorial, el consumo de recursos, la generación de residuos y las infraestructuras y servicios que requiere esta actividad. Y, también, por razones económicas; un sector que supone el 29,5% de nuestro PIB y el 34,2% del empleo no puede arriesgarse a una crisis de sobreoferta alojativa, como a finales de los 80 y 90, por los estrechos intereses de unos pocos.

 

Renovación

Las grandes tareas que debe afrontar nuestro sector turístico están claramente definidas en las directrices de 2003. Rehabilitación de la ciudad turística. Renovación de la planta alojativa. Diversificación de los servicios complementarios al alojamiento. Y combatir la oferta irregular e ilegal, así como la residencialización indeseada en las zonas turísticas.

 

Desde un planteamiento claramente constructivo -no presentamos una enmienda a la totalidad- intentamos con 24 enmiendas parciales mejorar la Ley de Renovación y Modernización Turística, ante lo que consideramos numerosas insuficiencias. Pero el Gobierno no escucha. Y votamos negativamente porque no nos parece adecuado el texto finalmente aprobado por PSOE y CC. Por varias y argumentadas razones.

 

Como se sabe, somos favorables a modular el crecimiento de nueva planta alojativa. Por razones de sostenibilidad y porque puede contribuir a las inversiones en renovación. Somos partidarios de límites cualitativos y cuantitativos del crecimiento alojativo con respeto al modelo turístico de cada isla. Y creemos que la Ley lo resuelve muy mal al no establecer límites cuantitativos.

 

Propusimos un límite del 1% anual de las plazas legales existentes en el Registro Turístico de Canarias, y su insularización. Así como que cada isla, dentro de ese cupo, determine las modalidades que desee permitir, siempre como mínimo de 4 estrellas. La decisión finalmente tomada, que prohíbe nuevos hoteles de 4 estrellas, perjudica a Gran Canaria, al ser una franja en la que presenta un notable déficit (su oferta es de un 50% con relación a la de Tenerife) y en la que puede crecer moderadamente dando respuesta a la demanda existente.

 

Por otra parte, no podemos compartir que la Ley autorice hoteles y apartamentos de 5 estrellas sin límites (con lo que, en sentido estricto, no hay moratoria), como apuesta por la “calidad”, al tiempo que facilita la implantación de “villas” sin límites y sin requerimientos de calidad; un producto, este último, que ocupa suelo y apenas genera empleo.

 

Otro de los asuntos que la nueva ley deja insuficientemente resuelto es el de la renovación. Estamos de acuerdo en los incentivos edificatorios y en los de camas adicionales. Pero es insuficiente. Por eso hemos propuesto que se mandate al Gobierno a proponer un programa de incentivos económicos, fiscales, crediticios, administrativos y laborales para favorecerla. También que se elabore y presupueste un programa plurianual de inversiones públicas para la rehabilitación de las ciudades turísticas, cuestión esta última que sí se ha incluido y esperemos que se cumpla. Sin crédito y sin inversión pública que mejore los espacios comunes no hay renovación posible.

 

PMM

Tampoco compartimos cómo quedan los Planes de Modernización Mejora e Incremento de la Competitividad Turística (PMM). Se posibilita que sea el Gobierno, en exclusiva y de forma discrecional, quien decida, a través de la elaboración de un PMM, las operaciones de renovación a realizar en una zona turística. Así, el Ejecutivo se impone a las determinaciones establecidas para esa zona por el planeamiento insular y municipal.

 

Por último, entendemos que es un voluntarismo condenado al fracaso la forma en que se plantea la regularización de la oferta alojativa irregular. Más aún cuando el Gobierno ni siquiera dispone de una aproximación sobre las plazas alojativas turísticas ilegales. Se precisa una normativa específica. Así como más instrumentos materiales y humanos para superar el problema del intrusismo en el sector turístico.

 

En definitiva, considero que el Gobierno de CC y PSOE ha aprobado una ley alejada de un valor esencial, como es el consenso en los asuntos de interés general del Archipiélago. Una ley con aromas centralistas, que repite con cabildos y ayuntamientos las mismas desconfianzas que el Gobierno central tiene con las comunidades autónomas. Una legislación que puede generar inseguridad jurídica.

 

Por último, considero que lo que necesita Canarias es una ley consensuada que responda a las auténticas necesidades de un modelo respetuoso con los modelos turísticos insulares, empeñada en la no ocupación de más suelo y en la renovación de la planta obsoleta y de las ciudades turísticas; y, en consecuencia, que apueste por un modelo auténticamente sostenible. Me temo que la legislación aprobada en el Parlamento canario no cumple con esos imprescindibles objetivos.