Román Rodríguez

 

La legislatura canaria acaba de cumplir dos años. Cubierta la mitad de su senda sólo cabe hablar de profundo retroceso y de pérdida de oportunidades. Hoy tenemos mucho más desempleo que en junio de 2011, así como muchas más familias sin ingreso alguno. Se han disparado las cifras de la pobreza y de la exclusión social. Y, paralelamente, se deterioran gravemente los servicios públicos, mientras crece el desafecto hacia las instituciones y la política.

 

No cabe duda de que en las circunstancias que atraviesa Canarias son determinantes la profundidad de la crisis económica global, con el desplome de la burbuja inmobiliaria y de un sector, la construcción, que ha visto como desaparecían empresas y miles de puestos de trabajo, la falta de crédito y las políticas de austeridad.

 

Asimismo, ha ayudado poco a Canarias el permanente maltrato del Gobierno central, explicitado en la financiación autonómica firmada en 2009 por el anterior Gobierno de CC y PP con el Ejecutivo de Zapatero (800 millones de euros por debajo de la media de las comunidades de régimen común), el retroceso en los Presupuestos Generales del Estado en los últimos años y en distintas decisiones políticas, como el bloqueo al desarrollo de las renovables o la eliminación de las bonificaciones a las tasas aéreas.

 

Pero también, no hay que olvidarlo, tienen su cuota de responsabilidad el continuismo en buena parte de las políticas austericidas y los errores del Ejecutivo canario de CC y PSOE. Sus políticas se distinguen poco de las del Gobierno del Estado, como muestra su exceso de celo en el cumplimiento del sagrado dogma del déficit, que el pasado año supuso (al situarse nuestra Comunidad en el 1,23%, por debajo del 1,5% autorizado) dejar de utilizar más de 112 millones de euros en una Comunidad con tantas carencias y problemas sociales. Decisión que, además, ahora se vuelve en contra, pues tendrán más margen en el déficit para 2013 las comunidades incumplidoras.

 

Barreras

Nueva Canarias llegó en 2011 al Parlamento tras superar las injustas barreras electorales. Y hemos ejercido una oposición crítica, responsable y con alternativas a cada uno de los asuntos que afectan a los ciudadanos y a las ciudadanas de esta tierra, desde el desempleo a los desahucios, desde la Educación a los Servicios Sociales o la Sanidad, desde el apoyo a nuestro sector primario al desarrollo de las infraestructuras.

 

Hemos defendido que se respeten las iniciativas legislativas populares presentadas en el Parlamento por la ciudadanía, como la de Educación y la de Sanidad, logrando en el caso de la de Educación que el Gobierno rectificara su injustificado rechazo inicial a tomarla en consideración.  

En estos dos años de legislatura presentamos sendas enmiendas a la totalidad a las dos leyes de presupuestos de la Comunidad Canaria (las de 2012 y 2013) y a la Ley de Medidas Administrativas y Fiscales, así como propuestas alternativas globales a cada una de estas leyes, es decir, a las políticas económicas y fiscales del Gobierno.

 

Nos hemos opuesto con firmeza en el Parlamento canario, en el conjunto de las instituciones y en la calle (participando activamente en las movilizaciones de las dos huelgas generales convocadas) a la agresiva reforma laboral y al conjunto de las políticas de recortes y de austeridad desarrolladas por los gobiernos de España y de Canarias. Unas políticas que han supuesto más retroceso de la economía, más desempleo y más pobreza. Hemos defendido a los servicios públicos (Educación, Sanidad, Servicios Sociales…) frente a la descapitalización, tanto económica como de profesionales, con pérdida masiva de empleo público, más de 15.000 en Canarias.

 

Nos enfrentamos al persistente discurso neoliberal de desprestigio de lo público. Lo hacemos desde la convicción de que un sector público fuerte, con dirección política y bien gestionado, constituye una de las claves para alcanzar los mayores niveles de equidad y progreso.

 

Con relación a la recién aprobada ley turística hemos sido los únicos que exigimos limitaciones cuantitativas y cualitativas de nuevas camas, frente al práctico desmantelamiento de la moratoria por parte del Ejecutivo. Planteando, frente a la cerrazón de los grupos que apoyan al Gobierno, la necesidad de una ley consensuada que responda a las auténticas necesidades de un modelo respetuoso con los modelos turísticos insulares, empeñada en la no ocupación de más suelo y en la renovación de la planta obsoleta y de los espacios públicos turísticos, así como combatiendo la oferta irregular y el intrusismo en el  sector.

 

Instamos al Gobierno a poner en marcha un Plan de Choque contra la Pobreza y la Exclusión Social en Canarias desde el inicio de la legislatura. Propuesta que ahora el Ejecutivo canario retoma, tarde y mal. Contará con nuestro apoyo siempre que sea un plan ambicioso y real, y no un proyecto propagandístico y sin ficha financiera que sustente las urgentes actuaciones que se precisan. Y hemos sido muy críticos con la aplicación en las Islas de la Ley de la Dependencia, en la que seguimos a la cola de todas las CCAA.

 

Reforma electoral

En lo que queda de legislatura continuaremos con nuestro modelo de oposición crítica y constructiva, así como con nuestra defensa permanente del interés general. Plantearemos, entre otros asuntos, la modificación de nuestro sistema electoral, el más injusto y desequilibrado de España y Europa, exigiendo la disminución de las actuales barreras de acceso al Parlamento.

 

Demandaremos un cambio profundo en el modelo de la radio televisión pública canaria, para que cumpla con sus obligaciones de servicio público en los informativos y en el conjunto de la programación; y ayude, de verdad, al desarrollo del sector audiovisual.

 

Por otra parte, frente a la obsesión por el control del gasto, que compartimos en lo que se refiere al gasto superfluo, insistiremos en la necesidad de mejorar los ingresos a través de una fiscalidad progresiva, que haga pagar más a quienes más tienen, y el combate contra el fraude y los paraísos fiscales. Asimismo, reiteraremos nuestra defensa del sistema público de pensiones.

 

Por último, en Nueva Canarias continuamos trabajando para la extensión de nuestro proyecto político al conjunto del Archipiélago. Con la intención de que en 2015 el nacionalismo de izquierda amplíe significativamente su base social y electoral y, consecuentemente, tenga mucha más presencia en ayuntamientos, cabildos y en el propio Parlamento de Canarias. Porque estamos convencidos de que hay políticas alternativas a las hasta ahora implementadas; políticas que ayuden a modificar las prioridades y, en definitiva, a mejorar sustancialmente la situación de la gente.

 

Román Rodríguez es diputado en el Parlamento canario y presidente de Nueva Canarias.