Román Rodríguez

Por distintas razones, este año 2018 será determinante para Canarias. Con varios asuntos de enorme relevancia para el Archipiélago, que se tendrán que resolver en los próximos meses y que afectan a nuestra estructura institucional, a nuestra capacidad de autogobierno, a la financiación de nuestros servicios públicos, a nuestra economía y a la calidad de nuestra democracia.

El reformado Estatuto se encuentra ya en la ponencia en la comisión Constitucional del Congreso. Lo hace en un momento muy delicado, en el que PP y Ciudadanos –en medio de la crisis territorial en Cataluña- compiten en estrategias centralizadoras. Lo que podría afectar gravemente a un texto que incluye significativos avances en competencias y en derechos cívicos, al que hemos planteado enmiendas parciales en su exposición de motivos, en la delimitación territorial del Archipiélago y en la modificación del modelo electoral.

Paralelamente, Nueva Canarias está presente en la comisión de Evaluación y Modernización del Estado Autonómico, donde se debería abordar la reforma constitucional, que nace con muchas dudas, por la ausencia de Podemos y los nacionalistas vascos y catalanes así como por las declaraciones del PP y Cs rebajando las posibilidades reformistas de la misma. Apuesto claramente por una reforma del título VIIIº de la Constitución que posibilite avanzar hacia un estado federal asimétrico, entre otros cambios necesarios.

Otro asunto prioritario es la tramitación del nuevo Régimen Económico y Fiscal (REF) económico, que se ha visto ralentizada al centrarse el Gobierno del PP en la crisis catalana. El próximo 6 de febrero se cierra el periodo de enmiendas y se inicia la recta final de esta modificación legislativa, con un elevado acuerdo. Pretendemos consensuar con el PP algunas enmiendas de mejora al texto remitido al Congreso de los Diputados por el gabinete de Mariano Rajoy y pactadas con NC en el acuerdo sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2017.

Financiación

También en el ámbito estatal resulta crucial para Canarias la reforma de la financiación autonómica. Defendemos que se garantice una distribución per cápita media de los fondos para el conjunto de los servicios públicos esenciales -sanidad, educación y servicios sociales-, así como separar los ingresos fiscales del REF del nuevo modelo. Como ya se estableció en las enmiendas a los PGE 2017, queremos que esto se ratifique en el nuevo modelo de financiación.

Y, por último, no hay que olvidar el posible debate de los Presupuestos Generales del Estado para 2018, tras los importantes logros para Canarias en los de 2017. Las cuentas públicas para el presente año se han visto retrasadas por el conflicto catalán y ahora pueden verse también afectadas por el cambio de estrategia de alguno de los socios estables del PP. Como hicimos en 2017, nuevamente estamos dispuestos a dialogar en el período de enmiendas y a defender consecuentemente los interés de esta tierra y de su gente, con medidas que contribuyan a su desarrollo económico y social.

Otros retos se sitúan en el ámbito de la comunidad canaria. Como el impulso a unos servicios públicos que no han remontado los daños causados por las políticas de austeridad y recortes, y por la escasa planificación y mala gestión. Con una sanidad lastrada por las listas de espera diagnósticas y quirúrgicas, por los colapsos en urgencias y por las insuficiencias a la hora de implementar el Plan de Salud. El desarrollo de la Ley Canaria de Educación es clave en el otro gran servicio público. Con materias centrales, como la escolarización en infantil de cero a tres años, el mayor impulso a la Formación Profesional y los idiomas.

Resulta muy relevante, asimismo, la aprobación de la retrasada ley de servicios sociales. Con un dimensionamiento adecuado de los mismos, que les saque de su “irrelevancia”, como han señalado distintos informes, y con un impulso decidido a la aplicación de la Ley de la Dependencia. En Nueva Canarias insistiremos, asimismo, en la necesidad de implantar una renta básica canaria que combata los altos niveles de pobreza y exclusión que se dan en el Archipiélago y que afectan incluso a personas con empleo.

 

Desigualdades

La implementación de esas medidas que permitan mejorar los servicios públicos y disminuir las grandes desigualdades sociales que se dan en las Islas precisa de otra fiscalidad, más progresiva, en las que paguen más los que más tienen y en la que se persiga con la mayor eficacia el fraude.

Junto a ello, Canarias debe modificar su actual modelo de desarrollo, escasamente autocentrado, muy vinculado al cemento y al ladrillo. Desde un crecimiento modulado y en función de los intereses de la sociedad canaria. Con un modelo turístico centrado en la calidad, no en batir récords de turistas que luego no impactan suficientemente en el empleo ni en su calidad, y suponen problemas añadidos: más producción eléctrica, más consumo de agua, más generación de residuos o más colapsos de tráfico. La renovación de la planta y de los espacios públicos obsoletos, la regulación estricta del alquiler vacacional y la implantación de una tasa turística son tareas centrales en el sector.

Hay que apostar por una movilidad sostenible, para lo que es imprescindible el máximo desarrollo del transporte público en todas sus modalidades. Así como un nuevo modelo energético, direccionado hacia las renovables, rechazando la trampa del gas, que es más de lo mismo y que retrasa el avance en energías limpias, menos costosas y menos dependientes. La última ocurrencia, la implantación del gas ciudad, insiste en un modelo contaminante, caduco y costoso, que solo interesa a sectores privados minoritarios. Debemos establecer, igualmente, un nítido compromiso en la lucha contra el cambio climático.

Quiero señalar, asimismo, la relevancia que tiene el actual proceso de reforma de nuestro modelo electoral. Constituye una gran oportunidad para, rebajando las actuales barreras y mejorando la proporcionalidad, conseguir una avance en la calidad de la democracia en las Islas.

Son importantes los retos que Canarias tiene en este año 2018. Su consecución precisa del compromiso de las fuerzas políticas y de la implicación de la sociedad canaria. Nos jugamos mucho. Su mejor o peor resolución marcará la situación económica y social de nuestra Comunidad en las próximas décadas. Por eso, NC está plenamente comprometida con esa agenda de cambio para Canarias.

Román Rodríguez es portavoz parlamentario y presidente de Nueva Canarias.

 

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